Desde hace varias semanas, el Pacto Histórico atraviesa una crisis interna que va mucho más allá de las discrepancias típicas de cualquier coalición política. Las bases progresistas están levantando la voz con una intensidad que no se había visto desde la campaña presidencial de 2022, cuando la alianza de izquierda y centroizquierda llegó a la Casa de Nariño con promesas de transformación. Hoy, esas mismas bases sienten que los acuerdos fundamentales se están diluyendo en negociaciones que perciben como oscuras y alejadas de los principios que las motivaron a votar.
Dos eventos específicos han catapultado el malestar hacia niveles críticos. Primero, la polémica votación sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó expuesto un profundo desacuerdo sobre cuál debería ser el posicionamiento de la coalición frente a temas de justicia transicional y accountability. Segundo, la distribución de cupos en el llamado 'gabinete alterno' —la estructura paralela de asesores y funcionarios de confianza— mostró que algunos sectores del Pacto están recibiendo privilegios mientras otros sienten que quedan fuera de las decisiones importantes.
La votación sobre Uribe como punto de quiebre
El caso del expresidente Uribe ha sido históricamente divisivo en Colombia. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos militantes del Pacto fue que la postura oficial de la coalición no fuera unificada. Mientras sectores como la Alianza Verde y algunos referentes del Polo Democrático Alternativo esperaban una posición clara y contundente respecto a los procedimientos legales en contra del expresidente, otros actores dentro de la coalición parecieron más cautelosos, más preocupados por no generar conflictos adicionales con sectores del establecimiento político.
Esta disparidad no fue casual ni pasó desapercibida. Activistas y militantes comenzaron a cuestionarse públicamente: ¿para qué se votó por el Pacto Histórico si las posiciones que definieron la campaña ahora se negociaban a puerta cerrada? Las redes sociales se llenaron de mensajes de decepción. Algunos dirigentes locales del Pacto recibieron llamadas incómodas de personas que habían trabajado como promotores en sus territorios, preguntando qué había pasado con los compromisos que se habían asumido desde la campaña.
El gabinete alterno y la distribución de poder
Paralelo a esta tensión, la configuración del gabinete alterno —un mecanismo que según la narrativa oficial es para 'escuchar a la sociedad civil' pero que en la práctica funciona como una red de influencia política— generó nuevas fricciones. Resulta que ciertos sectores del Pacto tuvieron mayor acceso a estos cupos que otros. Organizaciones de mujeres, movimientos LGBTQ+ y grupos ambientalistas que esperaban una participación más substantiva se vieron desplazados por actores que tenían conexiones más cercanas a los centros de poder.
Lo preocupante para la coalición es que estas percepciones de exclusión no provienen de enemigos externos, sino de sus propios afiliados. Gente que trabajó intensamente en territorios como el Cauca, Nariño, Córdoba y el Atlántico comenzó a reportar que los 'méritos revolucionarios' parecían menos importantes que los contactos en Bogotá. Esto no es meramente un problema de ego político; es un problema de confianza en las instituciones propias, exactamente lo que una coalición de izquierda no puede perder.
Reclamos por un Congreso Nacional real
Ante esta coyuntura, un reclamo ha emergido con insistencia desde las bases: la convocatoria a un Congreso Nacional que permita tomar decisiones colectivas de verdad. No se trata de una exigencia menor. Algunos de los sectores más críticos argumentan que el Pacto Histórico ha funcionado, en los últimos meses, más como un club de élites que como una coalición genuinamente democrática. Los encuentros que se realizan son, según reportes de activistas, espacios donde se ratifican decisiones ya tomadas por un grupo reducido.
También está el tema de los nuevos liderazgos. Militantes y dirigentes regionales sienten que la coalición está demasiado centralizada en figuras nacionales conocidas, y que espacios para que emerjan nuevas voces son limitados. Esto es particularmente grave cuando se considera que uno de los principales atractivos del Pacto Histórico fue precisamente la promesa de democratizar la política nacional.
El riesgo para la oposición
Lo que le quita el sueño a los estrategas políticos del Pacto es que estas fracturas internas podrían socavar su capacidad de actuar como oposición efectiva frente al gobierno de Francia Márquez y Gustavo Petro, aunque paradójicamente son de la misma coalición. La ironía es palpable: cuando una coalición que prometía ser diferente comienza a reproducir los mismos vicios de exclusión y toma de decisiones opaca que criticaba en sus adversarios, pierde legitimidad no solo frente a sus bases, sino frente a la ciudadanía que observa.
Sin resolver estos conflictos internos, el Pacto Histórico corre el riesgo de convertirse en un actor político debilitado, fragmentado, incapaz de plantear alternativas coherentes a las políticas del gobierno. Los próximos meses serán decisivos para determinar si la coalición puede reinventarse democráticamente o si continuará el proceso de desintegración que ya ha comenzado a manifestarse en las provincias.