La Contraloría General de la República presentó este jueves un informe que sacude los cimientos del sistema de salud colombiano. Las cifras no dejan lugar a dudas: las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan una deuda de $58 billones durante el último año de administración Petro, una cifra que refleja el deterioro progresivo de una crisis que se venía gestando desde hace varios años pero que encontró en las políticas gubernamentales un catalizador para su agravamiento.
Una deuda que asfixia el sistema
El informe detalla cómo las aseguradoras de salud privadas enfrentan una situación financiera crítica que impacta directamente en la atención a millones de colombianos. Según los datos revelados por la Contraloría, estas deudas no son únicamente con proveedores y prestadores de servicios, sino que incluyen obligaciones con trabajadores, medicinas y dispositivos médicos. La magnitud de los $58 billones representa un crecimiento significativo frente a años anteriores, lo que evidencia una aceleración del colapso que expertos en salud ya venían alertando.
Lo preocupante del escenario es que esta crisis no surge de la nada. Aunque el sistema de salud colombiano ha enfrentado desafíos estructurales durante décadas, las decisiones específicas tomadas durante la administración Petro intensificaron los problemas existentes. Entre estas decisiones destaca de manera particular la negativa reiterada del gobierno a aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que cada asegurador recibe por cada afiliado mensualmente.
La UPC congelada, el nudo gordiano
La UPC funciona como el mecanismo de financiamiento del régimen contributivo de salud. Cuando este valor no se actualiza conforme a la inflación y los costos reales de prestación de servicios, las EPS se encuentran en una situación donde deben prestar servicios con recursos cada vez más insuficientes. Esto genera un círculo vicioso donde los prestadores no reciben pagos completos, los medicamentos se racionan, y la calidad de atención se deteriora progresivamente.
Durante el gobierno Petro, la administración argumentó que aumentar la UPC significaría transferir recursos del Estado a empresas privadas, una premisa que desconoce que este mecanismo es precisamente el canal mediante el cual se financia la afiliación de trabajadores y pensionados al sistema. Al mantener congelada la UPC, se generó una presión financiera que las EPS intentaron compensar de diversas formas, pero que finalmente resultó insostenible, derivando en los $58 billones de deuda que hoy reporta la Contraloría.
Impacto en proveedores y pacientes
Las consecuencias de esta deuda son tangibles en hospitales y clínicas de todo el país. Los proveedores de servicios de salud reportan retrasos en pagos que se extienden más allá de lo permitido por ley, obligándolos a reducir personal, postergar inversiones en tecnología médica, y en casos extremos, cerrar servicios. Las historias de pacientes que no reciben atención quirúrgica programada, tratamientos de cáncer retrasados o medicinas no suministradas se han convertido en un denominador común en las salas de urgencias del país.
Desde el sector privado prestador de servicios, la situación es calificada como insostenible. Hospitales y clínicas señalan que es imposible mantener la calidad de atención cuando los recursos destinados a la operación llegan con meses de retraso. Los trabajadores de la salud, a su vez, enfrentan precariedad laboral y retrasos en sus salarios, lo que genera una fuga de personal especializado hacia otros sectores o hacia el exterior.
Las EPS entre la presión estatal y el desfinanciamiento
Las EPS se encuentran atrapadas en una situación donde reciben presión estatal para no aumentar cuotas de afiliación, mientras simultáneamente reciben menos recursos de financiamiento público. Esta combinación ha obligado a algunas aseguradoras a tomar decisiones financieras riesgosas, incluyendo acumular deudas que, como revela la Contraloría, han llegado a niveles preocupantes.
El informe de la Contraloría también documenta cómo durante el último año de gobierno Petro se intensificaron los intentos de reforma al sistema de salud, incluyendo propuestas de unificación hacia un sistema único. Sin embargo, estas iniciativas encontraron resistencia legislativa y nunca avanzaron significativamente. Mientras tanto, el sistema vigente continuó deteriorándose, acumulando deudas que ahora recaen sobre las nuevas administraciones como una herencia de crisis.
La revelación de los $58 billones en deudas de las EPS no es simplemente un número. Representa pacientes sin medicinas, hospitales cerrando servicios de urgencias, y profesionales de la salud abandonando una carrera que demanda sacrificio sin garantías económicas. Es el retrato de un sistema de salud que continúa fracturándose bajo el peso de decisiones que priorizaron posiciones ideológicas sobre la realidad operativa de la prestación de servicios.